Macri se autoperdonó 70 mil millones
El presidente Mauricio Macri le perdonó a su familia
más de 70.000 millones de pesos de la deuda de
Correo Argentino con el Estado. Se trata de la
antigua deuda de esta empresa de la familia
Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los
tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional
rechazó distintas propuestas de pago de Correo
Argentino por considerarlas abusivas. Pero ahora,
con Macri en el poder, el Estado aceptó una quita
del 98,82 por ciento de la deuda y podrán terminar de
pagar recién en 2033.
más de 70.000 millones de pesos de la deuda de
Correo Argentino con el Estado. Se trata de la
antigua deuda de esta empresa de la familia
Macri, que lleva más de 15 años empantanada en los
tribunales. Durante ese lapso, el Estado Nacional
rechazó distintas propuestas de pago de Correo
Argentino por considerarlas abusivas. Pero ahora,
con Macri en el poder, el Estado aceptó una quita
del 98,82 por ciento de la deuda y podrán terminar de
pagar recién en 2033.
Este desfalco para el Estado Argentino tiene un
momento clave el 28 de junio de 2016, cuando se realizó
una audiencia y el Correo Argentino hizo una nueva
oferta de pago de su deuda, supuestamente más ventajosa.
Sin embargo, según reconstruye la fiscal Gabriela Boquín
en su dictamen del 30 de diciembre pasado, esta
propuesta lejos estaba de ser nueva y menos aún más
beneficiosa que las anteriores. En primer lugar, la negociación
arrancó al revés: fue el Estado Nacional quien solicitó la
audiencia el 19 de mayo de 2016 y “adelantó -según
consta en el expediente- que podría prestar
conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. Mal
negociador aquel que pide una reunión y anticipa que va
a aceptar. Mal negociador o hubo un acuerdo previo.
momento clave el 28 de junio de 2016, cuando se realizó
una audiencia y el Correo Argentino hizo una nueva
oferta de pago de su deuda, supuestamente más ventajosa.
Sin embargo, según reconstruye la fiscal Gabriela Boquín
en su dictamen del 30 de diciembre pasado, esta
propuesta lejos estaba de ser nueva y menos aún más
beneficiosa que las anteriores. En primer lugar, la negociación
arrancó al revés: fue el Estado Nacional quien solicitó la
audiencia el 19 de mayo de 2016 y “adelantó -según
consta en el expediente- que podría prestar
conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. Mal
negociador aquel que pide una reunión y anticipa que va
a aceptar. Mal negociador o hubo un acuerdo previo.
En esa audiencia, que tuvo lugar ante la sala B de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el Estado Nacional
aceptó de forma irregular una propuesta de pago de deuda
que, para la fiscal Boquín, “es abusiva, implica perjuicio
fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el
patrimonio del Estado Nacional”. De hecho, según los cálculos
de la Dirección General de Asesoramiento Económico y
Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración
General de la Nación, la propuesta significa lo siguiente:
un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82
por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri
sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el
Estado.
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el Estado Nacional
aceptó de forma irregular una propuesta de pago de deuda
que, para la fiscal Boquín, “es abusiva, implica perjuicio
fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el
patrimonio del Estado Nacional”. De hecho, según los cálculos
de la Dirección General de Asesoramiento Económico y
Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración
General de la Nación, la propuesta significa lo siguiente:
un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82
por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri
sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el
Estado.
Según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta implica un quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda que tenían con el Estado.
La causa llegó a la Cámara ya que la jueza de primera
instancia Marta Cirulli no homologó un acuerdo
previo porque el Estado Nacional, principal acreedor
de Correo Argentino, no aceptó las condiciones. Con
esto, no se cumplía la mayoría que establece la ley 24.522
de Concursos y Quiebras, que en su artículo 45 determina
que para obtener la aprobación de una propuesta deben
aceptarla “la mayoría absoluta de los acreedores dentro
de todas y cada una de las categorías, que representen las
dos terceras partes del capital computable dentro de cada
categoría”. Al ser el Estado a quien Correo Argentino le debe
el 32,65 por ciento de su deuda y siendo el único integrante de
una categoría especial, si éste no dio acuerdo claramente no
se cumplía el requisito legal. Correo Argentino apeló esta
decisión y llegó a la Cámara. En esta segunda instancia, la fiscal
Boquín rechazó el recurso de apelación pero la Cámara dio lugar
a esa audiencia donde el Estado aceptó lo inaceptable.
instancia Marta Cirulli no homologó un acuerdo
previo porque el Estado Nacional, principal acreedor
de Correo Argentino, no aceptó las condiciones. Con
esto, no se cumplía la mayoría que establece la ley 24.522
de Concursos y Quiebras, que en su artículo 45 determina
que para obtener la aprobación de una propuesta deben
aceptarla “la mayoría absoluta de los acreedores dentro
de todas y cada una de las categorías, que representen las
dos terceras partes del capital computable dentro de cada
categoría”. Al ser el Estado a quien Correo Argentino le debe
el 32,65 por ciento de su deuda y siendo el único integrante de
una categoría especial, si éste no dio acuerdo claramente no
se cumplía el requisito legal. Correo Argentino apeló esta
decisión y llegó a la Cámara. En esta segunda instancia, la fiscal
Boquín rechazó el recurso de apelación pero la Cámara dio lugar
a esa audiencia donde el Estado aceptó lo inaceptable.
Casi un chiste
A esa audiencia asistieron obviamente los representantes
de Correo Argentino, los síndicos y dos representantes
del Estado Nacional: el Director de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Comunicación Juan Carlos Mocoroa y María
Alejandra Gottardi. Fue Mocoroa quien se presentó en
nombre del Estado. Pero lo notable es que Mocoroa fue
designado de forma transitoria por 180 días por la
Decisión Administrativa 151/16, firmada el 2 de marzo de
2016 por Marcos Peña y Oscar Aguad. Así, en palabras
de la fiscal Boquín, no tenía las facultades para tomar ninguna
decisión en esa audiencia en nombre del Estado ya que para
eso necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro,
o sea, el órgano superior de los abogados del Estado, para
aceptar o rechazar algo tan importante. Y esa autorización
nunca la presentó. Más aún: para la fiscal debe investigarse
si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia
del funcionario (lo cual no le quita responsabilidad) o fue
por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio Macri.
Aquí la cuestión.
de Correo Argentino, los síndicos y dos representantes
del Estado Nacional: el Director de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Comunicación Juan Carlos Mocoroa y María
Alejandra Gottardi. Fue Mocoroa quien se presentó en
nombre del Estado. Pero lo notable es que Mocoroa fue
designado de forma transitoria por 180 días por la
Decisión Administrativa 151/16, firmada el 2 de marzo de
2016 por Marcos Peña y Oscar Aguad. Así, en palabras
de la fiscal Boquín, no tenía las facultades para tomar ninguna
decisión en esa audiencia en nombre del Estado ya que para
eso necesitaba una autorización de la Procuración del Tesoro,
o sea, el órgano superior de los abogados del Estado, para
aceptar o rechazar algo tan importante. Y esa autorización
nunca la presentó. Más aún: para la fiscal debe investigarse
si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia
del funcionario (lo cual no le quita responsabilidad) o fue
por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio Macri.
Aquí la cuestión.
Para la fiscal Gabriela Boquín debe investigarse si la aceptación de esta propuesta fue por propia negligencia del funcionario (lo cual no le quita responsabilidad) o fue por orden de sus superiores, el ministro Aguad o el propio Macri.
Lo que sucedió fue, según consta en el expediente,
digno de un sketch televisivo si no estuviera en
juego el patrimonio público. Correo Argentino
propuso pagar el 100 por ciento de la deuda en
19 cuotas anuales más una cuota de intereses del
6 por ciento, arrancando desde el año siguiente
a que cierren el acuerdo. Según el análisis que realizó
la DAFI, cuya titular es Judith König, esta propuesta
significaba una quita real del 99,16 por ciento de la
deuda. ¿Como llegan a ese número? Tomando en
cuenta que el concurso preventivo de Correo Argentino
databa del 19 de septiembre de 2001 y utilizando la tasa
activa mensual del Banco Nación a esa fecha da esa quita real.
digno de un sketch televisivo si no estuviera en
juego el patrimonio público. Correo Argentino
propuso pagar el 100 por ciento de la deuda en
19 cuotas anuales más una cuota de intereses del
6 por ciento, arrancando desde el año siguiente
a que cierren el acuerdo. Según el análisis que realizó
la DAFI, cuya titular es Judith König, esta propuesta
significaba una quita real del 99,16 por ciento de la
deuda. ¿Como llegan a ese número? Tomando en
cuenta que el concurso preventivo de Correo Argentino
databa del 19 de septiembre de 2001 y utilizando la tasa
activa mensual del Banco Nación a esa fecha da esa quita real.
Según consta en la causa, esa propuesta de quita del 99,16%
“fue rechazada de viva voz por el representante del
Estado Nacional”, es decir, bien rechazada por Mocoroa.
Pero el mismo Estado, hoy controlado por Macri y
representado de forma irregular por Mocoroa, sólo retrucó
con el pago del 100 por ciento del monto, una tasa de
interés del 7 por ciento y menores plazos. La empresa
pidió un cuarto intermedio e hizo su contraoferta: 100
por ciento de la deuda en 15 cuotas anuales empezando
desde el año siguiente que cierren el acuerdo (o sea, 2018),
donde va creciendo el monto que se paga en cada cuota
más una cuota de intereses del 7 por ciento. Quedaba así:
de la cuota 1 a la 4 el 1 por ciento de la deuda; de la 5 a la
9 el 2 por ciento; la 12 y 13 el 15 por ciento; la 14 el 20 por
ciento y la 15 el 30 por ciento. Y sumaban una cuota 16
para los intereses. Es decir, en la propuesta que aceptó
el gobierno macrista, el 50 por ciento de la deuda de
la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033.
De ahora a 15 años y 32 años más tarde del momento
en que empezó el juicio. Todo esto, vale recordar, con la
quita de los 70.163 millones de pesos. O sea, pagarían tres
décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda.
“fue rechazada de viva voz por el representante del
Estado Nacional”, es decir, bien rechazada por Mocoroa.
Pero el mismo Estado, hoy controlado por Macri y
representado de forma irregular por Mocoroa, sólo retrucó
con el pago del 100 por ciento del monto, una tasa de
interés del 7 por ciento y menores plazos. La empresa
pidió un cuarto intermedio e hizo su contraoferta: 100
por ciento de la deuda en 15 cuotas anuales empezando
desde el año siguiente que cierren el acuerdo (o sea, 2018),
donde va creciendo el monto que se paga en cada cuota
más una cuota de intereses del 7 por ciento. Quedaba así:
de la cuota 1 a la 4 el 1 por ciento de la deuda; de la 5 a la
9 el 2 por ciento; la 12 y 13 el 15 por ciento; la 14 el 20 por
ciento y la 15 el 30 por ciento. Y sumaban una cuota 16
para los intereses. Es decir, en la propuesta que aceptó
el gobierno macrista, el 50 por ciento de la deuda de
la familia Macri con el Estado se pagará en el 2032 y 2033.
De ahora a 15 años y 32 años más tarde del momento
en que empezó el juicio. Todo esto, vale recordar, con la
quita de los 70.163 millones de pesos. O sea, pagarían tres
décadas más tarde el 1,18 por ciento de la deuda.
El sketch de la audiencia del 26 de junio de 2016 terminó
con la aceptación del Estado de esta propuesta in situ. Al
parecer, la propuesta mejoraba la anterior: de 19 a 15 meses,
de 6 a 7 por ciento de interés. Pero, según detalla la fiscal
Boquín, “la propuesta no implica mejora alguna”. Utilizando la
misma metodología de la DAFI, muestra que la quita real
de la propuesta supuestamente mejorada es del 98,82 por ciento
contra el 99,16 por ciento de la anterior. O sea, un 0,34 por ciento
de diferencia, por lo que no hay diferencia y ambas son
abusivas. En síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que,
en lo real, implica condonarle la deuda a Correo Argentino.
Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la
familia presidencial. Sobre el funcionario que aceptó, se abren
dos hipótesis: o no hizo las cuentas o sabía las cuentas finales
y aceptó igual. Hacer las cuentas en el momento resulta inviable,
por lo que cobra relevancia la segunda hipótesis. A todo esto,
la fiscal Boquín plantea que ni siquiera esta aceptación del
Estado Nacional tiene validez ya que la decisión la tomó
un funcionario que no tenía facultades para tomarla. Y no
mueve un centímetro la cuestión central: Macri es Presidente
y los Macri son los dueños de Correo Argentino.
Condonarles de hecho la deuda es beneficiarse a sí mismo.
con la aceptación del Estado de esta propuesta in situ. Al
parecer, la propuesta mejoraba la anterior: de 19 a 15 meses,
de 6 a 7 por ciento de interés. Pero, según detalla la fiscal
Boquín, “la propuesta no implica mejora alguna”. Utilizando la
misma metodología de la DAFI, muestra que la quita real
de la propuesta supuestamente mejorada es del 98,82 por ciento
contra el 99,16 por ciento de la anterior. O sea, un 0,34 por ciento
de diferencia, por lo que no hay diferencia y ambas son
abusivas. En síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que,
en lo real, implica condonarle la deuda a Correo Argentino.
Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la
familia presidencial. Sobre el funcionario que aceptó, se abren
dos hipótesis: o no hizo las cuentas o sabía las cuentas finales
y aceptó igual. Hacer las cuentas en el momento resulta inviable,
por lo que cobra relevancia la segunda hipótesis. A todo esto,
la fiscal Boquín plantea que ni siquiera esta aceptación del
Estado Nacional tiene validez ya que la decisión la tomó
un funcionario que no tenía facultades para tomarla. Y no
mueve un centímetro la cuestión central: Macri es Presidente
y los Macri son los dueños de Correo Argentino.
Condonarles de hecho la deuda es beneficiarse a sí mismo.
En síntesis: el Estado Nacional aceptó una oferta que, en lo real, implica condonarle la deuda a Correo Argentino. Con un agravante: se trata de condonarle la deuda a la familia presidencial.
Esta situación llegó al despacho de la fiscal Boquín,
que lo analizó en detalle y lo rechazó el 30 de diciembre
de 2016 con varios argumentos. Entre ellos, que “la
propuesta rechazada y su mejora, en términos económicos,
no difieren sustancialmente”; que “la propuesta aceptada
implica reducir el crédito del Estado Nacional a una
suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una
condonación de deuda”; que “la aceptación de la propuesta
implica un cambio estratégico de defensa de los intereses
del Estado, configurando una manifiesta irregularidad
-que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación
de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”;
que la aceptación de esta propuesta la dio “un funcionario sin
competencia para comprometer al Estado Nacional en su calidad
de acreedor y carece de sustento técnico que la avale, siendo
además irrazonable y carente de validez”; que este acuerdo
viola la ley de Ética Pública. En síntesis: que no hay un sólo
elemento que lleve a que el Poder Judicial homologue
este acuerdo.
que lo analizó en detalle y lo rechazó el 30 de diciembre
de 2016 con varios argumentos. Entre ellos, que “la
propuesta rechazada y su mejora, en términos económicos,
no difieren sustancialmente”; que “la propuesta aceptada
implica reducir el crédito del Estado Nacional a una
suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una
condonación de deuda”; que “la aceptación de la propuesta
implica un cambio estratégico de defensa de los intereses
del Estado, configurando una manifiesta irregularidad
-que corresponde investigar- en tanto propicia la aceptación
de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”;
que la aceptación de esta propuesta la dio “un funcionario sin
competencia para comprometer al Estado Nacional en su calidad
de acreedor y carece de sustento técnico que la avale, siendo
además irrazonable y carente de validez”; que este acuerdo
viola la ley de Ética Pública. En síntesis: que no hay un sólo
elemento que lleve a que el Poder Judicial homologue
este acuerdo.
Que nos paguen y pagamos
Pero la cosa no terminó ahí, sino que la propuesta de los
Macri tuvo un caballo de Troya. Según figura en el expediente,
Correo Argentino, o sea, la familia Macri, mantuvo “su
propuesta de pago acelerado en virtud del cual en caso de
recibir cualquier tipo de pago por sus activos en poder del
Estado Nacional, adelantará los pagos aún pendientes en ese
momento dentro de los 30 días de recibido por la concursada
el pago de dichos activos y en la misma especie recibida”.
¿Que significa esto? Que la familia Macri especula no sólo
con pagar la deuda con el Estado para el 2033, sino con
ganarle juicios al Estado por la estatización de Correo
Argentino y con la misma plata que cobre de ese juicio
pagarle al Estado su deuda. Eso sí: aclaran que en la misma
especie, o sea, que si en su juicio contra el Estado le arrancan
un edificio, pagan con un edificio y no con dinero. Vale recordar
que Correo Argentino fue una de las primeras estatizaciones
ordenadas por Néstor Kirchner y una de las razones fue la
deuda acumulada por el canon que los Macri no pagaron.
Ahora, mientras desde el gobierno les condonan la
deuda, van también por una indemnización por esa decisión
de Kirchner.
Macri tuvo un caballo de Troya. Según figura en el expediente,
Correo Argentino, o sea, la familia Macri, mantuvo “su
propuesta de pago acelerado en virtud del cual en caso de
recibir cualquier tipo de pago por sus activos en poder del
Estado Nacional, adelantará los pagos aún pendientes en ese
momento dentro de los 30 días de recibido por la concursada
el pago de dichos activos y en la misma especie recibida”.
¿Que significa esto? Que la familia Macri especula no sólo
con pagar la deuda con el Estado para el 2033, sino con
ganarle juicios al Estado por la estatización de Correo
Argentino y con la misma plata que cobre de ese juicio
pagarle al Estado su deuda. Eso sí: aclaran que en la misma
especie, o sea, que si en su juicio contra el Estado le arrancan
un edificio, pagan con un edificio y no con dinero. Vale recordar
que Correo Argentino fue una de las primeras estatizaciones
ordenadas por Néstor Kirchner y una de las razones fue la
deuda acumulada por el canon que los Macri no pagaron.
Ahora, mientras desde el gobierno les condonan la
deuda, van también por una indemnización por esa decisión
de Kirchner.
Correo Argentino fue una de las primeras estatizaciones ordenadas por Néstor Kirchner y una de las razones fue la deuda acumulada por el canon que los Macri no pagaron. Ahora, mientras desde el gobierno les condonan la deuda, van también por una indemnización por esa decisión de Kirchner.
Para más pruebas de esta estrategia, en el último
balance de Sideco (la empresa controlante de
Correo Argentino), que presentó el 10 de marzo
de 2016 ante la Comisión Nacional de Valores
(CNV), informaron que en forma paralela a esta
maniobra con la deuda con el Estado, presentaron
un reclamo ante el entonces Ministerio de Planificación
Federal donde pidieron “el pago de una suma de
dinero por el desapoderamiento de las inversiones
realizadas por Correo Argentino S.A. y su usufructo hasta
la fecha a favor del Estado Nacional en razón de la
rescisión del Contrato de Concesión”. Clarito.
balance de Sideco (la empresa controlante de
Correo Argentino), que presentó el 10 de marzo
de 2016 ante la Comisión Nacional de Valores
(CNV), informaron que en forma paralela a esta
maniobra con la deuda con el Estado, presentaron
un reclamo ante el entonces Ministerio de Planificación
Federal donde pidieron “el pago de una suma de
dinero por el desapoderamiento de las inversiones
realizadas por Correo Argentino S.A. y su usufructo hasta
la fecha a favor del Estado Nacional en razón de la
rescisión del Contrato de Concesión”. Clarito.
Cambiemos de estrategia
La deuda original del Correo Argentino con el Estado era
de 296.205.376 pesos. Eso era en 2003. Según las
actualizaciones que hizo la DAFI, esa deuda al 2017
supera los 4.000 millones de pesos. Y proyectada
al 2033, cuando los Macri van a terminar de pagar,
es que da 71.001.731.324 pesos. La propuesta que
aceptó el gobierno implica una quita de 70.163.910.895
pesos, el 98,82 por ciento. Para dar una idea, según
el presupuesto 2017, es más de la mitad de lo que se
va a destinar a Educación y supera ampliamente el
gasto en Salud del Estado Nacional.
de 296.205.376 pesos. Eso era en 2003. Según las
actualizaciones que hizo la DAFI, esa deuda al 2017
supera los 4.000 millones de pesos. Y proyectada
al 2033, cuando los Macri van a terminar de pagar,
es que da 71.001.731.324 pesos. La propuesta que
aceptó el gobierno implica una quita de 70.163.910.895
pesos, el 98,82 por ciento. Para dar una idea, según
el presupuesto 2017, es más de la mitad de lo que se
va a destinar a Educación y supera ampliamente el
gasto en Salud del Estado Nacional.
En los años que llevaba la causa, Correo Argentino
hizo distintas propuestas de pago rechazadas por el
Estado Nacional. Pero, como en otras áreas, el cambio
en la postura del gobierno nacional viró 180 grados.
Un ejemplo fue en el caso de Papel Prensa, donde un
acuerdo entre Clarín, La Nación y la administración macrista
puso fin a la disputa judicial por la que el Estado
Nacional denunció desde 2009 irregularidades financieras.
Pero ahora, con el caso de Correo Argentino, hay un
agregado que hace más grave la situación: el acuerdo es
entre el Estado Nacional y la familia presidencial. Más
concreto: entre el Gobierno de Macri y la familia Macri.
hizo distintas propuestas de pago rechazadas por el
Estado Nacional. Pero, como en otras áreas, el cambio
en la postura del gobierno nacional viró 180 grados.
Un ejemplo fue en el caso de Papel Prensa, donde un
acuerdo entre Clarín, La Nación y la administración macrista
puso fin a la disputa judicial por la que el Estado
Nacional denunció desde 2009 irregularidades financieras.
Pero ahora, con el caso de Correo Argentino, hay un
agregado que hace más grave la situación: el acuerdo es
entre el Estado Nacional y la familia presidencial. Más
concreto: entre el Gobierno de Macri y la familia Macri.
Este viraje se verifica en números que constan en el
expediente. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó
propuestas de pago del 7,7 por ciento y 5,73 por ciento
de la deuda, o sea, quitas del 92,3 por ciento y 94,27
por ciento respectivamente. La fiscal Boquín, en su
presentación, reitera que la propuesta de 2016 “resulta
abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de
la comunidad”.
expediente. Por ejemplo, en el 2003 el Estado rechazó
propuestas de pago del 7,7 por ciento y 5,73 por ciento
de la deuda, o sea, quitas del 92,3 por ciento y 94,27
por ciento respectivamente. La fiscal Boquín, en su
presentación, reitera que la propuesta de 2016 “resulta
abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de
la comunidad”.
La famiglia
Correo Argentino es controlada por Sideco Americana
que a su vez es controlada por Socma Americana. O
sea, desde Socma, Sociedades Macri, se controla a
Correo Argentino por medio de Sideco. En 2001,
Sideco tenía el 69,23 por ciento de Correo Argentino
y Socma tenía el 95,5 por ciento de Sideco. Así de simple,
y no tanto. Para 2015, Socma aún tenía el 59,61 por
ciento de Sideco. Y, según el último balance presentado
por Sideco a la CNV, para fin de 2014 tenía el 74,23 por
ciento de Correo Argentino. Por lo tanto, la cadena seguía
intacta.
que a su vez es controlada por Socma Americana. O
sea, desde Socma, Sociedades Macri, se controla a
Correo Argentino por medio de Sideco. En 2001,
Sideco tenía el 69,23 por ciento de Correo Argentino
y Socma tenía el 95,5 por ciento de Sideco. Así de simple,
y no tanto. Para 2015, Socma aún tenía el 59,61 por
ciento de Sideco. Y, según el último balance presentado
por Sideco a la CNV, para fin de 2014 tenía el 74,23 por
ciento de Correo Argentino. Por lo tanto, la cadena seguía
intacta.
En 2003, cuando Correo Argentino se presentó a
concurso de quiebra, Franco Macri le dijo al juez
Eduardo Favier Dubois (el primero que intervino
en la causa) que ya no era directivo de la empresa
ni ocupaba ningún cargo gerencial, pero que todas
las acciones estaban en manos de la famlia Macri.
Ambas cosas eran ciertas. Lo que no dijo Franco es
que tenía el usufructo vitalicio de casi todas las
acciones de Socma y, por ende, de la controlante
madre de Sideco y Correo Argentino. Si bien no figuraba
en esta última, la controlaba desde arriba. Respecto
a la familia, Franco que cedió las acciones a sus hijos y
uno de ellos, Mauricio, las cedió a su vez en 2009 a sus
propios hijos. Todo en famiglia.
concurso de quiebra, Franco Macri le dijo al juez
Eduardo Favier Dubois (el primero que intervino
en la causa) que ya no era directivo de la empresa
ni ocupaba ningún cargo gerencial, pero que todas
las acciones estaban en manos de la famlia Macri.
Ambas cosas eran ciertas. Lo que no dijo Franco es
que tenía el usufructo vitalicio de casi todas las
acciones de Socma y, por ende, de la controlante
madre de Sideco y Correo Argentino. Si bien no figuraba
en esta última, la controlaba desde arriba. Respecto
a la familia, Franco que cedió las acciones a sus hijos y
uno de ellos, Mauricio, las cedió a su vez en 2009 a sus
propios hijos. Todo en famiglia.
El juez Favier Dubois decretó entonces la quiebra de
Correo Argentino y le impidió salir del país a toda la
familia Macri así como a quienes figuraban en el directorio
de Sideco: el presidente Angelo Calcaterra, el vicepresidente
Roberto Leonardo Maffioli, y los directores titulares
Jorge Rubén Aguado, Justo Jorge Solsona,
Manuel Sobrado, Giorgio Aldo Nocella, Juan Garrones
y Néstor Grindetti, que siguió luego a Mauricio en la
gestión pública. Obviamente, los Macri apelaron la decisión
del juez.
Correo Argentino y le impidió salir del país a toda la
familia Macri así como a quienes figuraban en el directorio
de Sideco: el presidente Angelo Calcaterra, el vicepresidente
Roberto Leonardo Maffioli, y los directores titulares
Jorge Rubén Aguado, Justo Jorge Solsona,
Manuel Sobrado, Giorgio Aldo Nocella, Juan Garrones
y Néstor Grindetti, que siguió luego a Mauricio en la
gestión pública. Obviamente, los Macri apelaron la decisión
del juez.
En 2009 Macri se desprendió de su participación
accionaria en Correo Argentino y se la transfirió
a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan.
Pero, si bien esto es cierto, no es menos real que la
empresa sigue en manos de su familia y, por ende,
la decisión de aceptar la propuesta de Correo Argentino
y perdonarle 70.163 millones de pesos beneficia directamente
a la familia presidencial. Así, la fiscal Boquín destaca:
“pudiendo resultar que familiares del Presidente de la
Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad
concursara y/o de sus controlantes o integrantes del
grupo económico, ningún funcionario público que tuviese
relación de dependencia con él, podría aceptar una
propuesta que directa o indirectamente lo beneficie”.
En este caso, sucedió lo contrario. El director de
Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Mocoroa,
depende indirectamente de Macri. Pero, a su vez,
“la composición accionaria y la titularidad que se
verifica en el expediente del concurso respecto de la
familia del Presidente de la Nación -insiste Boquín-
haría inviable cualquier transacción por parte del Estado
Nacional que implicara un beneficio para la concursada y
sus controlantes y un perjuicio para las arcas de la Nación”.
accionaria en Correo Argentino y se la transfirió
a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan.
Pero, si bien esto es cierto, no es menos real que la
empresa sigue en manos de su familia y, por ende,
la decisión de aceptar la propuesta de Correo Argentino
y perdonarle 70.163 millones de pesos beneficia directamente
a la familia presidencial. Así, la fiscal Boquín destaca:
“pudiendo resultar que familiares del Presidente de la
Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad
concursara y/o de sus controlantes o integrantes del
grupo económico, ningún funcionario público que tuviese
relación de dependencia con él, podría aceptar una
propuesta que directa o indirectamente lo beneficie”.
En este caso, sucedió lo contrario. El director de
Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Mocoroa,
depende indirectamente de Macri. Pero, a su vez,
“la composición accionaria y la titularidad que se
verifica en el expediente del concurso respecto de la
familia del Presidente de la Nación -insiste Boquín-
haría inviable cualquier transacción por parte del Estado
Nacional que implicara un beneficio para la concursada y
sus controlantes y un perjuicio para las arcas de la Nación”.
Justicia PRO
Todo queda en manos ahora de los camaristas María
Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini
y Ana Isabel Piaggi. Gomez Alonso, es actualmente
presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo
que ganó como candidata de la lista Bordó, donde se nuclea
a lo más conservador de la familia judicial y a buena
parte de jueces y fiscales antikirchneristas. Cuando ganó las
elecciones, contó: “Me llamó el ministro de Justicia de la
Nación, Germán Garavano, para felicitarme y yo le
manifesté que vamos a trabajar juntos pero que también
nos vamos a pelear”. Tuvieron un pequeño cruce respecto
a la propuesta del gobierno de eliminar la feria judicial.
¿Será igual con este intento de perdonarles la deuda
a los Macri?
Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini
y Ana Isabel Piaggi. Gomez Alonso, es actualmente
presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo
que ganó como candidata de la lista Bordó, donde se nuclea
a lo más conservador de la familia judicial y a buena
parte de jueces y fiscales antikirchneristas. Cuando ganó las
elecciones, contó: “Me llamó el ministro de Justicia de la
Nación, Germán Garavano, para felicitarme y yo le
manifesté que vamos a trabajar juntos pero que también
nos vamos a pelear”. Tuvieron un pequeño cruce respecto
a la propuesta del gobierno de eliminar la feria judicial.
¿Será igual con este intento de perdonarles la deuda
a los Macri?
Tanto Gomez Alonso como Piaggi ya intervinieron en
esta causa en 2003, junto el entonces juez Enrique
Butty, cuando en el último día de plazo le permitieron
a la familia Macri prorrogar los plazos para la
negociación de esta deuda, todo lo contrario a la
decisión del juez Favier Dubois. O sea, esta sala ya
salvó al grupo Macri en 2003. En el caso de Piaggi,
que integra la Cámara desde 1988, hay otro dato
por el cual en ese momento se pidió su excusación
en esta causa: era la esposa de Jorge Vanossi,
hombre que encabezaba por entonces la lista de
diputados del PRO. En ese momento la Fundación
de Defensa de Usuarios y Contribuyentes (FEDUCON)
la denunció ante el Consejo de la Magistratura, pero la
cosa no prosperó. Si por entones no se excusó, difícil
que lo haga ahora. Si por entonces falló a favor de los
Macri, complejo que cambie su propia postura. Sólo que
ahora la cuestión es más completa: es condonarle la
deuda con el Estado a la familia presidencial.
esta causa en 2003, junto el entonces juez Enrique
Butty, cuando en el último día de plazo le permitieron
a la familia Macri prorrogar los plazos para la
negociación de esta deuda, todo lo contrario a la
decisión del juez Favier Dubois. O sea, esta sala ya
salvó al grupo Macri en 2003. En el caso de Piaggi,
que integra la Cámara desde 1988, hay otro dato
por el cual en ese momento se pidió su excusación
en esta causa: era la esposa de Jorge Vanossi,
hombre que encabezaba por entonces la lista de
diputados del PRO. En ese momento la Fundación
de Defensa de Usuarios y Contribuyentes (FEDUCON)
la denunció ante el Consejo de la Magistratura, pero la
cosa no prosperó. Si por entones no se excusó, difícil
que lo haga ahora. Si por entonces falló a favor de los
Macri, complejo que cambie su propia postura. Sólo que
ahora la cuestión es más completa: es condonarle la
deuda con el Estado a la familia presidencial.
Fuente: http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/macri-se-autoperdono-70-mil-millones/
Pidieron rechazar por “abusivo” el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional en el concurso preventivo
La fiscal general Gabriela Boquín consideró que, de acuerdo
a los cálculos realizados por la DAFI, la homologación de la
propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a
2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés
en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la
negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente
beneficie” a familiares del presidente de la Nación.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe
rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A.
y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado,
en el marco de un concurso preventivo. La representante del
Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a
una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”
en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por
la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero
en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la
Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la
actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Asimismo, la
representante del MPF advirtió que el consentimiento estatal
fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones
sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió
instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.
Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital
accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco
Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de
Correo Argentino S.A.”.
En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de
homologación- analizó la última propuesta realizada por
la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado,
que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo
este titular del 32,65% del pasivo concursal.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un
análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la
Procuración General de la Nación: la segunda propuesta
-aceptada por el representante del Estado Nacional en la
mencionada audiencia- “mejoraba” el plazo de pago (de 1
9 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual).
Del análisis económico surge que “el valor real de la
propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la
propuesta aceptada, implica una quita velada del orden
del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los
representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de
convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional,
éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la
concursada, aceptando la cancelación del mismo con la
percepción de un valor insignificante en términos de valor
presente”, aseveró Boquín.
En una ampliación al dictamen presentada ayer, la fiscal
general acompañó los cálculos complementarios elaborados
por la DAFI, de los que surge “el porcentaje actualizado de la
quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y
el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”,
a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033-
y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.
La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó
conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular
aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Conflicto de interés
Por otra parte, la fiscal general consideró que el consentimiento
fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el Dr.
Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180
días-, en virtud de que debería haber contado con una autorización
expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.
Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información
sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa
contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo
de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que
“la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma
S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el
control accionario de Correo Argentino S.A.”.
"En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario
público que encuentra enmarcada su actuación por una
cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la
máxima autoridad de la administración pública nacional”,
señala el dictamen.
“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente
de la Nación resultarían beneficiarios finales de la
sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico,
ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia
jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría aceptar
una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”,
apuntó la fiscal. Y precisó: “En el caso, la propuesta fue
aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada
su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas
que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración
pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión
consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de
Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la
Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines
que su titular estime corresponder”.
En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta
a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio
fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el
patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica
“reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”,
por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos
públicos destinados a la satisfacción del bien común,
por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico
y con principios orientados a la preservación de dichos
intereses generales”.
Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía
extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria
a lo dictaminado.
a los cálculos realizados por la DAFI, la homologación de la
propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a
2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés
en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la
negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente
beneficie” a familiares del presidente de la Nación.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó que debe
rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A.
y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado,
en el marco de un concurso preventivo. La representante del
Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado “equivale a
una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”
en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por
la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero
en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la
Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la
actualidad y de más de 70 mil millones a 2033. Asimismo, la
representante del MPF advirtió que el consentimiento estatal
fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones
sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió
instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.
Destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital
accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco
Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de
Correo Argentino S.A.”.
En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de
homologación- analizó la última propuesta realizada por
la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado,
que se celebró a pedido del propio Estado Nacional siendo
este titular del 32,65% del pasivo concursal.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un
análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la
Procuración General de la Nación: la segunda propuesta
-aceptada por el representante del Estado Nacional en la
mencionada audiencia- “mejoraba” el plazo de pago (de 1
9 cuotas a 15) y la tasa de interés (del 6 al 7% anual).
Del análisis económico surge que “el valor real de la
propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la
propuesta aceptada, implica una quita velada del orden
del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado por los
representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de
convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional,
éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la
concursada, aceptando la cancelación del mismo con la
percepción de un valor insignificante en términos de valor
presente”, aseveró Boquín.
En una ampliación al dictamen presentada ayer, la fiscal
general acompañó los cálculos complementarios elaborados
por la DAFI, de los que surge “el porcentaje actualizado de la
quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y
el valor presente de la misma calculada en moneda nacional”,
a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033-
y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.
La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se prestó
conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular
aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Conflicto de interés
Por otra parte, la fiscal general consideró que el consentimiento
fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el Dr.
Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180
días-, en virtud de que debería haber contado con una autorización
expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.
Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió información
sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa
contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo
de Correo Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que
“la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma
S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el
control accionario de Correo Argentino S.A.”.
"En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario
público que encuentra enmarcada su actuación por una
cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la
máxima autoridad de la administración pública nacional”,
señala el dictamen.
“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente
de la Nación resultarían beneficiarios finales de la
sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico,
ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia
jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría aceptar
una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”,
apuntó la fiscal. Y precisó: “En el caso, la propuesta fue
aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada
su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas
que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración
pública nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión
consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de
Ética Pública”. Por ese motivo, solicitó que se libre oficio a la
Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los fines
que su titular estime corresponder”.
En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta
a la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio
fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el
patrimonio del Estado Nacional”. Su aceptación implica
“reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”,
por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos
públicos destinados a la satisfacción del bien común,
por lo que rige un régimen específico, de carácter publicístico
y con principios orientados a la preservación de dichos
intereses generales”.
Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía
extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(CSJN) en caso de que haya una sentencia contraria
a lo dictaminado.
Fuente: http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/pidieron-rechazar-por-abusivo-el-acuerdo-entre-correo-argentino-y-el-estado-nacional-en-el-concurso-preventivo/
COMENTARIO: El mejor regalo de cumpleaños se lo hizo él mismo... ya te dije, con plata de los otros cualquiera es un campeón !!!
¿No te parece que con esto ya se merece destituirlo y empezar un juicio político?
¿Te das cuenta para qué pedían tiempo?
Ellos no van a robar porque son ricos !!! ... ¿ahora te das cuenta cómo hicieron su fortuna?
Por suerte alguien es un aguafiestas y le puso un palo en la rueda... de la fortuna !!!
Dejo mi saludo ritual como un apretón de manos o un "Ave María Purísima", Firme y Digno, Bocha... el sociólogo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario